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Egipto, potencia mundial en pena de muerte

El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, pretende convertir Egipto en una potencia económica mundial a través proyectos faraónicos, como la construcción de una nueva capital en mitad del desierto. Sin embargo, de momento, el país árabe sólo se ha aproximado al liderazgo mundial de condenas a la pena capital, que se han disparado tras el golpe de Estado de 2013 que depuso el rais islamista Mohamed Morsi. Según Amnistía Internacional, las condenas registradas el año pasado en Egipto fueron 507 y supusieron un 20% de las dictadas en todo el mundo, una cifra sólo superada por Nigeria.

En total, desde el golpe, más de 1.700 personas han recibido una sentencia a la pena de muerte, la gran mayoría partidarios o dirigentes de los Hermanos Musulmanes. De éstas, 520 son condenas firmes. Por el momento, ocho han sido ya ejecutadas en la horca. Estos datos representan un marcado incremento respecto al pasado reciente. Entre 1981 y 2000, 709 personas fueron condenadas a la pena capital y 249 fueron ajusticiadas. Según el código penal egipcio, se pueden castigar con la pena de muerte los cargos de asesinato premeditado, terrorismo, espionaje y traición, además de algunos casos de secuestro y violación.

Este notable incremento responde a una voluntad del Estado de pasar cuentas con el anterior Gobierno liderado por Morsi, uno de los máximos dirigentes de la Hermandad, así como a la aparición de una insurgencia de carácter islamista cuyos atentados han provocado la muerte de centenares de miembros de las fuerzas de seguridad. Antes del derrocamiento de Morsi, ya existían varios grupos yihadistas, basados sobre todo en la península del Sinaí, pero entonces solían dirigir sus acciones únicamente contra Israel.

En varios de los juicios que se han saldado con condenas a la pena capital, se ha hecho evidente la violación de garantías procesales básicas. Así, en cinco macroprocesos diferentes, decenas de personas han sido sentenciadas a la pena de muerte al mismo tiempo. En el último de estos juicios, el expresidente Morsi recibió su primera pena de muerte junto con otras 120 personas por cargos de espionaje y conspiración con milicias extranjeras para asaltar varias cárceles en 2011, durante la Revolución que depuso al dictador Mubarak. El veredicto era preliminar y el tribunal lo ratificó este martes.

Algunos graves errores de estos procesos han puesto en duda la credibilidad de la justicia egipcia. Por ejemplo, junto a Morsi fueron condenados varios palestinos miembros de Hamás. Según denunció la milicia islamista, uno de ellos ya había muerto en 2011, y el otro está encarcelado en Israel desde hace 19 años. Por otra parte, la Red Árabe de Derechos Humanos criticó la ejecución el mes pasado de seis presuntos yihadistas. “Pruebas inequívocas sugieren que los crímenes imputados a los acusados tuvieron lugar después de que fueran arrestados”, rezaba un comunicado de la ONG. En concreto, en el momento de los hechos, estaban detenidos en una cárcel secreta, donde fueron torturados repetidamente.

Por todo ello, han aparecido algunas voces en Egipto que piden la abolición a la pena de muerte, o al menos una moratoria. “Ante la ausencia de medidas que garanticen la justicia en un sentido íntegro del término, y teniendo en cuenta las tensiones de la sociedad egipcia, la pena capital debe ser abolida”, sostiene Abdel Moneim Abulfutuh, un islamista moderado que fue candidato a las presidenciales de 2012. Un mensaje parecido tuvo que escuchar Al Sisi de boca de la canciller Angela Merkel en su viaje oficial a Alemania: “Nadie debería ser sentenciado a la pena de muerte, incluso si está involucrado en actividades terroristas”.

En todo caso, no está claro que las penas de muerte contra los líderes de los Hermanos Musulmanes se acaben aplicando. “Creo que las condenas de Morsi y [al Guía Supremo] Badie son más bien simbólicas. Es probable que acaben siendo conmutadas en otras instancias judiciales. Pero si no, el Ejecutivo probablemente congelará su aplicación”, sostiene la analista Nadine Abdallah. La influencia de Arabia Saudí, principal financiero del régimen egipcio, puede ejercer de freno ante las ejecuciones. De acuerdo con varios analistas saudíes, el nuevo rey, Salman Bin Abdulaziz, pretende aflojar la represión contra la cofradía para propiciar la unidad del islam suní contra el expansionismo del chií Irán, que considera el mayor peligro de la región.

Fuentes: El País

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