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La fiscal de Derechos Humanos ha renunciado

La institución más socavada por los sucesivos episodios de violencia e impunidad en México, la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía, ha entrado en otro bache. La titular de Derechos Humanos, Eliana García Laguna, ha renunciado a su cargo. La dirección de una de las funciones públicas más urgidas de credibilidad y resultados del país se ha convertido en una silla tambaleante. El antecesor de García Laguna, Ricardo García Cervantes, renunció a su vez en mayo de 2014. Esta nueva renuncia llega tres meses después de la caída del anterior número uno de la PGR, Jesús Murillo Karam, tumbado por la ola de indignación ciudadana por el asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

A Murillo Karam lo ha sustituido Arely Gómez, quien ha reivindicado la defensa de los derechos humanos como polo rector de su programa de procuración de justicia. “Tenemos el compromiso de ser los primeros garantes de los derechos humanos, puesto que nuestra delicada labor debe sustentarse en escuchar y proteger a las personas”, dijo al poco de asumir su cargo.

Antes de cumplirse su primer trimestre al mando, Gómez ha visto cómo se queda vacante la dirección de la subprocuraduría de Derechos Humanos. Bajo el mando de García Laguna se comenzó a diseñar un mecanismo de búsqueda de desaparecidos, tanto mexicanos como migrantes centroamericanos de los que se pierde el rastro en México, y se firmó un convenio con Cruz Roja Internacional para tratar de avanzar en esta cuestión.

Tras la crisis de violencia del sexenio pasado (2006-2012), en el que los focos estaban puestos en la guerra entre carteles y gobierno que asolaba a ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey, en esta nueva legislatura, con Enrique Peña Nieto como presidente, el volumen general de la narcoviolencia ha bajado y el problema de los derechos humanos ha escalado en presencia.

El hecho que ha contribuido a instalar esta cuestión en el centro de la crisis de legitimidad institucional mexicana ha sido la matanza de Iguala, dado que en el secuestro y asesinato de los estudiantes participaron funcionarios públicos (policías municipales) y que la posterior investigación de la Procuraduría sobre lo sucedido ha sido controvertida: el equipo de forenses que trabaja para las familias de las víctimas ha denunciado que las pesquisas tienen inconsistencias yun comité de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha concluido que aún no hay certeza sobre el destino de los estudiantes, pese a que el Gobierno mexicano ha reiterado que fueron asesinados e incinerados.

En México hay más de 25.000 desaparecidos, según datos del Gobierno. En marzo, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González, exigió en un informe que el Gobierno actúe de inmediato para legislar con concreción en materia de desapariciones forzadas (aquellas en las que intervienen funcionarios públicos) y torturas. Junto al caso Iguala, el otro escándalo que ha sacudido a las instituciones es el caso Tlatlaya, la ejecución de 22 supuestos delincuentes a manos de militares en septiembre de 2014.

La fiscal García Laguna ocupaba el cargo desde junio de 2014 y antes había hecho carrera como activista en defensa de los derechos humanos. Entre las organizaciones civiles tenía respaldo y buena reputación. Consultado sobre la renuncia de la fiscal, el director de la ONG Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara, ha lamentado su decisión: “Su acercamiento a las víctimas y a las organizaciones fue muy positivo. Ha sido en muchos años la única persona que ha hecho eso desde el Gobierno”.

El ‘caso Iguala’ marcó el último periodo de la fiscal de derechos humanos. Un portavoz de las familia de las víctimas, Felipe Cruz, ha afirmado que los movimientos de piezas en la Fiscalía no suponen nada para ellos: “Su renuncia es igual para nosotros. Esté quien esté como funcionario, los resultados son los mismos. Han quitado a Murillo y la situación no se ha movido ni para delante ni para atrás. Pueden quitar todo el gabinete y no pasará nada”. Los familiares de los 43 jóvenes de Iguala rechazan la versión oficial. No los consideran muertos sino desaparecidos, y exigen que el Gobierno continúe su búsqueda.

Fuente: El País

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