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Colombia lucha para erradicar la ablación

Colombia es el único país en América Latina donde se da la mutilación genital femenina. Así lo recordó esta semana el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que llamó la atención sobre la necesidad de que el país dedique mayores esfuerzos para acabar esta práctica que aún realizan las indígenas del pueblo Embera-Chamí, una comunidad que vive en el oeste del país.

Colombia empezó a trabajar por erradicar la ablación en 2007, cuando una niña Embera recién nacida murió por la mutilación del clítoris en Pueblo Rico, una población del departamento de Risaralda, lo que puso al descubierto, por primera vez, esta práctica. Era tan secreta que solo las parteras manejaban el tema con las mujeres y muchos de los hombres la desconocían. Desde entonces, instituciones del Gobierno como el ICBF, que se encarga de proteger los derechos de los niños y la UNFPA se han acercado a esa comunidad buscando que abandonen la ablación, no solo porque vulnera los derechos humanos, sino porque afecta la salud y pone en riesgo la vida de las niñas.

En ese acercamiento se detectó que hace más de 200 años, tras el contacto con unos misioneros, los Embera-Chamí empezaron a mutilar el clítoris de las niñas recién nacidas y se volvió una práctica cultural, de ahí la complejidad para abordarlo. “El problema es que no solo va en contra de la integridad física de las niñas y del goce efectivo de sus derechos, sino que además viene acompañada de un contenido moral, algo que se hace, por ejemplo, para que la mujer no busque otros maridos”, dice Cristina Díaz, asesora en temas indígenas del ICBF.

En 2012 se logró, tras un intenso trabajo de reflexión con esa comunidad no falto de resistencia, que las autoridades Embera hicieran una declaración pública en la que se comprometieron a suspender la mutilación genital. Esto incluía, no solo difundir la decisión entre la etnia que está bastante dispersa, sino formar a sus mujeres y niñas en los efectos perjudiciales de esta práctica, así como a las parteras, que son las que realizan lo que llaman “curación”.

Los compromisos siguen vigentes y son apoyados por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), máxima autoridad que ha insistido en que “la cultura debe generar vida y no muerte”. Sin embargo, para Naciones Unidas falta mucho por hacer. “Se requiere que el país destine mayores recursos para fortalecer este compromiso y llegar a las más de 17 zonas donde se encuentran los Emberaí”, dice en un comunicado difundido el viernes. Se calcula que esta etnia la integran unos 250 mil indígenas que se concentran principalmente en cuatro regiones, pero se desconoce si también allí se practica la ablación.

“Fueron ellos mismos, en su autonomía, los que tomaron la decisión de parar la práctica, pero lo complejo es cómo logran evitarla”, dice Díaz y añade que también preocupa la estigmatización de las mujeres que aún ejercen esta costumbre. Los últimos casos se presentaron entre abril y junio del 2014. Once niñas Embera que viven en Pueblo Rico fueron mutiladas y cuatro de ellas murieron. Alberto Wuazorna, consejero mayor de la ONIC, reconoce que la erradicación va a llevar tiempo. “Estamos preparándonos para hacer un cambio cultural”, dijo a EFE.

Según cifras del Gobierno, en los últimos ocho meses no se han registrado nuevos casos de ablación en la comunidad Embera. Sin embargo, para la ONU, el registro tiene que ser más riguroso, ya que solo se conocen las niñas que son llevadas a los puestos de salud. Por su parte, el ICBF hace un llamado a que se articule el trabajo entre instituciones ya que erradicar la ablación también le concierne al sector salud, educación, cultura y justicia. Por lo pronto, se ha logrado que las parteras se comprometan a no ejercer la ablación.

Este viernes, cuando se celebró el Día Internacional de Tolerancia Cero con la ablación, la máxima autoridad indígena del país volvió a rechazar esta práctica, que no solo ocurre en Risaralda sino en seis departamentos más. Aunque las autoridades no tienen cifras sobre la ablación, según la ONIC, los pocos registros dan cuenta de 90 niñas víctimas en los últimos años.

Source: El País

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